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Viernes, 21 Septiembre 2012 20:53

Cuba incrementa uso de penas sustitutivas de privación de libertad

Escrito por  RHC
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Cuba incrementó el uso de las penas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad y de los beneficios de excarcelación anticipada durante los últimos 12 años, informó presidente del Tribunal Supremo.

Cuba incrementó el uso de las penas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad y de los beneficios de excarcelación anticipada durante los últimos 12 años, informó Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, TSC.

 

De acuerdo con el funcionario, la isla privilegia la utilización de las penas de prisión sólo para aquellos casos de delitos graves, que afectan de manera violenta y agresiva a los individuos de la sociedad.

 

Al respecto, señaló que el país cumple con las disposiciones de Naciones Unidas sobre prevención del delito y atención a las personas que delinquen -conocidas como Reglas de Tokio-, encaminadas a promover penas que no impliquen internamiento.

 

Estas sanciones no privativas de libertad constituyen hoy un propósito concertado en el mundo, subrayó Remigio Ferro.

 

Según explicó, Cuba tiene una posición ventajosa frente a esta problemática gracias a las características de su sistema social, que tiene en el centro de su proyecto al ser humano, sus problemas y la satisfacción de sus necesidades.

 

A más de 12 años de instituida, esta iniciativa demuestra un alto nivel de efectividad, pues miles de personas sujetas a este tipo de acción concertada han cumplido adecuadamente las penas impuestas, expresó en diálogo con la prensa.

 

Al respecto, dijo que muchos se han reincorporado plenamente a las labores sociales, conquistando valores y rectificando la conducta que una vez los llevó a cometer un delito.

 

De acuerdo con el presidente del TSP, las penas se rediseñan constantemente en función del contexto social cubano, inmerso en un proceso de actualización de su modelo económico a partir de los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista celebrado en abril de 2011.

 

La sociedad tiene la obligación y el deber de insertar a los sancionados en el nuevo escenario económico social, afirmó.

 

"En nuestro país, el 97 por ciento de las personas que cumplen su sanción penal en libertad están vinculadas laboralmente y de ellas más del  30 por ciento trabajan en el sector no estatal -trabajadores por cuenta propia-", subrayó.

 

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