sábado, 20 octubre 2018, 06:12
Viernes, 04 Mayo 2018 05:52

Brasil: Preparan estado de excepción

Escrito por  Arnaldo Musa/ Cubasi
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Alargan intervención militar en Rio de Janeiro

 Parecería una broma si no fuera por las graves implicaciones de una ocupación militar de gran parte de Rio de Janeiro, que ya no será por poco tiempo, como se dijo oficialmente, sino que se extenderá hasta el resto del año.

Fíjense que el motivo alegado es el combate a la delincuencia, utilizando métodos coercitivos y crueles contra un millón 400 000 habitantes de las favelas de Rio de Janeiro, que tiene seis millones, sin que medie graves acusaciones, sino simplemente por el hecho de ser pobres y muchos de ellos simpatizantes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT)

O sea, con Luiz Inácio Lula da Silva condenado a más de 12 años de prisión sin que se presentasen pruebas fidedignas de algún delito para evitar que sea candidato a la Presidencia, el ilegal régimen de Temer ordena esta invasión militar en un escenario que no es el peor de Brasil en cuanto a la delincuencia, aunque sí con una población casi totalmente en situación de pobreza, con ínfimos recursos de subsistencia que ahora se le escapan de las manos por el constante atropello castrense y el confinamiento en sus precarias viviendas la mayor parte del tiempo.        

Aunque Temer  ha justificado una y otra vez que la intervención tiene como motivo la lucha contra el crimen organizado en Río, el líder del PT en el Senado Federal, Lindbergh Farías, aseguró que "representa un eufemismo para encubrir una ocupación con motivaciones políticas".

O sea, es una acción desesperada del ilegal gobierno para poder seguir detentando el poder, realmente preocupado por su supervivencia política, independientemente de que haya metido a Lula en prisión, mientras decenas de sucias personalidades que se mueven alrededor de Temer –e incluso él- han sido señalados como participantes en delitos de corrupción. A excepción de unos pocos casos, a la inmensa mayoría se le han eliminado las pruebas en contra y siguen gozando de libertad, como aquellos que pronunciaban frases burlonas y crueles sobre la presidenta Dilma Rousseff, mientras participaban en el ilegal derrocamiento, con el fin de entronizar a Temer en el poder, quien apenas cuenta con un 10% de adeptos.

Pero esto último no importa, porque no ha tenido obstáculos y el tiempo le ha alcanzado para entregar las riquezas nacionales a manos privadas y encerrar a líderes honestos como Lula.

Tampoco importa que una invasión militar contra la población más pobre vaya a solucionar el problema delincuencial en Rio de Janeiro, porque su gobernanza  es inepta, la clase política está ahogada en corrupción, la alianza entre narcotraficantes y policías está plenamente establecida, y hay diputados estatales que dependen directa o indirectamente de los cárteles que controlan vastas extensiones territoriales de la ciudad.

Cierto es que una intervención federal honesta pudiera ayudar a solucionar parte de este problema, pero no podría liquidar la corrupción gigante, por lo cual la situación se volvería a repetir y en escala mayor.

Por eso, es inútil una intervención ordenada por un gobierno impopular y plagado de corruptos, de tal manera que el periodista brasileño Eric Nepomuceno, al condenar a un régimen ilegítimo y plagado de corruptos, expresó:

“”Eso significa que todo el aparato de seguridad del Estado –policía judicial, policía militar, sistema carcelario y hasta el cuerpo de bomberos– está bajo el comando de un general del Ejército, Walter Braga Netto, quien, a su vez, no se reportará al inútil gobernador Luis Fernando Pezão, sino directamente al ministro de Defensa, Raul Jungmann”.

Hay otras cuestiones por detrás de la medida decretada por Temer. Teóricamente, se intervino solamente en lo que se refiere a seguridad pública, pero la verdad es más amplia: se trata de una jugada de altísimo riesgo. Basta con recordar que a lo largo de los últimos nueve años y medio, las fuerzas armadas, en especial el Ejército, intervinieron 12 veces en Río. Pero lo hicieron siempre en situaciones puntuales, a pedidos del gobernador de turno y siempre en conjunto con las fuerzas locales de seguridad.

Los resultados han sido ínfimos y las acciones dejaron entre los moradores de las favelas, un justificado sentimiento de violencia y humillación.

Ahora, al nombrar un general como interventor en todo lo que se refiere a la seguridad pública, Temer abre espacio para que Braga Netto pueda nombrar, cesar, alterar o lo que quiera en toda la estructura de personal de seguridad pública. El general ya determinó acciones de represión en los bastiones del narcotráfico, que controla prácticamente todas las favelas. Las escenas de humillación pasaron a ser parte del cotidiano: niños tienen sus mochilas escolares revisadas y los moradores son fotografiados al salir para el trabajo.

Es una medida inédita, de especial gravedad y que seguramente será de escasísima utilidad. Los soldados del ejército son entrenados para combatir enemigos, no para investigar y llevarlos a prisión. Eso, para no mencionar que en su abrumadora mayoría desconocen no sólo la ciudad de Río, sino también los callejones y vericuetos de los cerros controlados por pandillas muy bien armadas y que poco o nada tienen que perder.

Prácticamente en unísono, los más prestigiados y respetados estudiosos del tema de la seguridad pública en Río se manifestaron de manera contundente contra la iniciativa de Temer. Dicen que se trata de otro paso más en la dirección de siempre: se sacraliza el mito de que la solución pasa por el ejército, y que la militarización es la salida.

Como en el caso posterior de Lula, el espurio mandatario calculó que, al adoptar una medida que agradara a las clases medias y con impacto en los sectores más conservadores del país, podría provocar algún aumento en su nula popularidad. Y, por fin, una razón concreta: mientras haya alguna intervención federal donde sea en el país, ninguna enmienda constitucional podrá ser aprobada en el Congreso.

En el fondo, de eso se trata: la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones defendidas a hierro y fuego por Temer y los dueños del capital no podrá ser votada en el Congreso. O, mejor dicho, no podrá ser derrotada como fatalmente ocurriría.

No le importa la muerte de inocentes o de militar alguno. En fin, son los de abajo y ello no lastima ni un ápice la tarea encomendadas de llevar a Brasil a un estado de excepción.

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