domingo, 18 noviembre 2018, 09:19
Miércoles, 17 Octubre 2018 16:02

Mapuches en Chile: Calculada represión

Escrito por  Arnaldo Musa/Especial para CubaSí
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No solo el ente gobernante chileno despacha a su gendarmería contra los mapuches, sino que está aplicando una ley antiterrorista para limitar sus protestas y justificar cualquier crimen contra los líderes o integrantes del grupo étnico.

No solo el ente gobernante chileno despacha a su gendarmería contra los mapuches fuera y dentro de la capital, Santiago, sino que está aplicando una ley antiterrorista para limitar sus protestas y justificar cualquier crimen contra sus líderes o simples integrantes del grupo étnico, al que le arrebataron sus tierras y le siguen carcomiendo y aislando.

El mapuche ha demostrado ser un ciudadano valiente, pero no es insensible al terror, y más cuando proviene “de arriba”, sin derecho a defenderse.

El abuso y despojo contra el mapuche no es una cuestión de nuestros días, sino que se remonta a muchos más atrás; no pudo, o no quiso, ser enfrentado en los dos periplos en el que fue presidenta Michelle Bachelet y ahora vuelve a caer en manos insensibles, de alguien que deja hacer hasta que el problema desparezca.

Siempre se habla de que la mayor represión al mapuche ha sido en Argentina, incluso ahora con el gobierno de Mauricio Macri, pero Chile no está muy atrás y pienso que llega a la aberración, cuando se trata de ocultar que el Estado chileno arrebató la tierra al pueblo mapuche, creó 3 000 reducciones –en realidad, 3 000 campos de concentración– y entregó sus tierras a colonos chilenos y extranjeros. Un siglo después la dictadura y los gobiernos de la Concertación, con la imposición del modelo neoliberal y la penetración y expansión de la industria forestal, hidroeléctrica y minera, prosiguieron con la depredación del país y del mundo mapuche, que hoy prosigue con el régimen del millonario Sebastián Piñera.

No hace mucho el senador derechista José Manuel Ossandón declaró en relación al conflicto con los mapuches que “el Estado de derecho se va a recuperar en un ciento por ciento, y si hay que meter balas, hay que meter balas al que sea terrorista”.

A su vez, un exaspirante a la presidencia, José Antonio Kast, llamó a decretar Estado de Emergencia en La Araucanía y sacar a los militares a la calle a reprimir al pueblo mapuche, Y, por supuesto, el comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo, sostuvo que la institución está preparada para cualquier eventualidad, tal como lo estuvo en 1973, cuando dio un golpe de Estado, derrocó al presidente Salvador Allende e instauró una brutal dictadura.

Ahora, ni el gobierno ni los partidos políticos dijeron algo, porque consideran a los mapuches como algo dispensable, lo cual hace recordar a aquellos individuos que han expresado en cualquier época, pasada y presente, también futura, que “el carácter de los indios exige, para que la paz sea duradera, imponerles condiciones que solo aceptarán cuando se vean reducidos a la impotencia…”

Huelgas de hambre, asesinatos de sus líderes, encarcelamiento de sus miembros son pan cotidiano que no merece la atención del Estado, los partidos políticos y la prensa en general.

A cuatro de ellos los acusaron de la quema de iglesias, aplicándoles la Ley antiterrorista, lo cual los mantiene en prisión desde hace dos años, sin aún haberse iniciado el juicio. Ellos y sus abogados aducen que no existen pruebas en su contra, como ha acontecido en muchos casos similares en los muchos acusados han pasado largos periodos encarcelados para luego ser liberados por ausencia de pruebas.

Están dispuestos a morir defendiéndose a sí mismo y al resto de la comunidad sobreviviente, porque el territorio mapuche se lo usurpó el Estado chileno. El general Christian Franzani, jefe de la IX Zona Araucanía de Carabineros, declaró que los últimos allanamientos y detenciones son consecuencia de una investigación que se prolongó por seis meses y que se vincula a hechos de violencia rural y de carácter terrorista ocurridos en la zona. Pero no ha presentado pruebas fehacientes.

Lo que sí ha quedado claro es que nuevamente se asumirá el problema como un hecho de delincuencia, sin considerar la situación histórico-política.

Por lo pronto, el gobierno ya autorizó que 80 carabineros perfectamente entrenados en la violación de los derechos humanos, léase torturadores, sean enviados a fortalecer la represión contra las comunidades mapuches movilizadas por la recuperación de sus tierras.

Esos policías cumplirán las órdenes oficiales de “resguardar la paz y el Estado de derecho”, palabras que encubren la continuidad del saqueo de los territorios de la región a favor de manos privadas.

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