viernes, 19 julio 2019, 21:57
Sábado, 15 Junio 2019 05:14

Lawfare, la guerra sin armas diseñada por Estados Unidos

Escrito por  Aday del Sol / CubaSí
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Dirigentes progresistas de Latinoamérica son víctimas del lawfare (en español, guerra jurídica), un instrumento de persecución política donde se busca que sectores líderes de la izquierda queden fuera del juego.

Es tan descarada su aplicación, que hasta su ideólogo, el general de división retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., Charles Dunlap Jr., la ha reconocido como el medio para pulverizar al enemigo haciendo uso de la ley y conseguir lo que de otra manera tuviera que alcanzarse con el uso de la aplicación militar tradicional. Una suerte de excelencia suprema de la guerra cuyo objetivo no es más que subyugar la resistencia del enemigo sin tener que luchar.

¿Qué significa el lawfare en la política latinoamericana?

Guerra jurídica o lawfare es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras «ley» (law) y «guerra» (warfare). De acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), su planificación comenzó hace años, mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales, lideradas por el «establecimiento» estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.

Según un texto publicado en el Celag, escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano, el lawfare es definido como el «uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política y destrucción de imagen pública de un adversario político».

Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en los medios de comunicación «para presionar al acusado y su entorno», haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras del texto.

El mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima el pasado año, se refirió a la «judicialización de la política» -así  lo han popularizado algunos analistas- como una «falsa lucha contra la corrupción», detrás de la cual se esconden intenciones de «derrocar gobiernos legítimos y proyectos de cambio».

Asimismo, el papa Francisco expresó que «el lawfare es utilizado para minar los procesos políticos emergentes de nuestra región».

Y lo triste es que con esta estrategia sucia, supuestamente legal, han propiciado que los gobiernos conservadores saquen de la cancha a líderes avalados y votados por la ciudadanía, como, por ejemplo, el de Gustavo Pietro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Rafael Correa.

Los pobres, los beneficiados por los cambios que no convienen a la derecha, escuchan de la prensa hegemónica que los gobernantes que hasta ayer cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus gestiones, ahora son criminales enjuiciados por supuestos manejos irregulares en sus países. A su vez, ocultan que los delitos son fabricados en Washington y después procesados por una mafia de jueces corruptos que venden sus servicios al imperialismo.

Tal es el caso de Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Brasil, entrenado en EE.UU., que terminó juzgando al expresidente Lula da Silva a varios años de prisión para quitar del camino al hombre con más posibilidad y popularidad para llegar a la presidencia en las elecciones del 2018 y sentar en la silla presidencial al utraderechista Jair Bolsonaro. Y como una mano lava la otra y las dos lavan la cara, Bolsonaro le pagó el favor a Moro este jueves, al expresar su incondicional apoyo frente a las acusaciones de coordinación indebida con los fiscales cuando era juez y encabezaba una cruzada contra la corrupción, divulgadas por el portal noticioso The Intercept.

En aquel momento, Moro intentó con todas sus fuerzas mostrar un papel imparcial de la justicia burguesa en general y de la operación Lava Jato en particular, pero las evidencias de lo contrario son aplastantes. Según la publicación laizquierdadiario.com, desde su formación, Sergio Moro recibió entrenamiento en los Estados Unidos, como se comprueba en un documento filtrado por Wikileaks. La propia forma de acción de la operación Lava Jato muestra que el eje estuvo puesto en la cacería de las empresas estatales o las gigantes privadas nacionales que tienen un rol importante en el terreno internacional. Es decir, aquellas empresas que compiten de alguna manera con multinacionales estadounidenses o sectores a los que el imperialismo quiere acceder como el petróleo, la construcción, la minería, etc. Una muestra de que la operación siempre actuó como un brazo del imperialismo por los estrechos lazos que mantiene con el juez Moro, a cargo de la investigación, denuncia el sitio.

Ecuador se ha pasado de un discurso anti-corrupción a un proceso de persecución judicial al estilo Lawfare, apoyado desde las altas esferas del poder judicial y con el soporte de los partidos de derechas. "Casualmente", Rafel Correa también es víctima de una orden de arresto por parte de la «justicia ecuatoriana» que le impide regresar al país para hacer campaña en las próximas elecciones. Para el exmandatario de Ecuador, el lawfare es una tendencia que busca acabar con «todo lo que se refiere al progreso latinoamericano. En vez de reparar en la democracia, en los derechos humanos, el Estado de derecho y la Constitución, destrozan todo con tal de eliminar cualquier rasgo de progreso».


Lo curioso aquí resulta que la caza, como ya he dicho en otras ocasiones, es, sobre todo, contra líderes de izquierda. Las acusaciones de corrupción que implican a Lenín Moreno, el mandatario de Ecuador, provocadas por la filtración de INA Papers por parte de Wikileaks, así como sus posibles delitos, como asociación ilícita, lavado de activos, cohecho, y sus paraísos fiscales, parecen no importarle a los organismos jurídicos internacionales.


Aparentemente, tampoco tiene la menor repercusión que Trump sea acusado de tramposo y estafador —con pruebas mostradas ante el Congreso— por su exabogado y asesor, Michael Cohen. Y ni hablar de la cancelación de las cuentas venezolanas en bancos europeos, en la que el gobierno estadounidense se ha robado más de 30 mil millones de dólares.

¿Cómo luchar contra el lawfare?

La analista argentina Silvina Romano propone, desde Telesur, algunos puntos claves: «El primero es generar una contrainformación desde los medios alternativos y de izquierda, hay que rehacer la historia desde otros espacios y de forma rápida y atractiva para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tenemos que ser capaces de lograr que la gente se involucre en política. Lo que se busca con este fenómeno es vaciar la política, dándole ventaja a la derecha, que siempre está lista para tomar decisiones. Es muy importante, además, que la gente se informe, se comprometa y, sobre todo, que se niegue a la despolitización que propone el lawfare. Con los gobiernos progresistas, la región aprendió que lo importante es estar ahí, es hablar de política, participar y hacer cambios».

Por otra parte, añade, hay que lograr que los aparatos jurídicos no sean intervenidos desde otros organismos bajo una supuesta colaboración internacional. ¿Qué hace el departamento de Justicia estadounidense asesorando al departamento de Justicia de América Latina?, concluye.

Ante este difícil escenario al que se enfrenta la izquierda latinoamericana, es urgente aplicar desde nuestra región medidas específicas para combatir con autonomía e independencia judicial esta guerra, que, aunque sin armas de fuego, es capaz de desangrar a América Latina.

Lo último, y quizás lo más importante, sería denunciar la agresividad con que actúan las corporaciones estadounidenses a través del aparato de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos latinoamericanos para quedarse con estos mercados, enclavados en zonas con grandes recursos naturales, que es una, o quizás la única y verdadera causa, que ha ocasionado esta cacería de brujas contra los líderes progresistas, cuyo único delito probado hasta ahora ha sido el de intentar salvar a millones de la pobreza y la ignorancia.

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